Esta fecha fue elegida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace 20 años, para promover la concientización y el compromiso acerca de la vulneración de los derechos de la infancia, a través de su incorporación irregular a la fuerza laboral.

El lugar de los niños es el de la niñez y adolescencia, el lugar del aprendizaje, del juego, de la protección y del amparo. No del trabajo.

Usar mano de obra informal, que no es parte del mercado laboral es una vulneración grave de los derechos de la infancia.

El trabajo infantil es explotación.

La explotación –en este sentido-  es la cosificación de una persona, a través de su empleo en el campo laboral para provecho propio, pagándole poco o nada y haciéndolo trabajar extenuantes horarios.

Los niños tienen mayor riesgo, por su corta edad, la falta de conocimiento de sus derechos, la separación de su familia y la dependencia de su empleador[1].

La explotación infantil suele darse en aquellos países donde hay mayor pobreza.

La necesidad de contar con ingresos familiares –de por sí ya escasos- lleva a muchos padres a introducir tempranamente a sus hijos en este mundo de explotación. Las guerras y/o conflictos internos, la orfandad temprana producto de violencia o enfermedades endémicas son un caldo de cultivo apropiado en el cual se cocina rápidamente esta situación de explotación.

En América Latina, el informe de  la OIT y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) publicado en 2021[2], estima que 8,2 millones de niños de entre 5 y 17 años trabajan. El informe señala que la mayoría son adolescentes varones, y el 33% son niñas. El trabajo infantil está presente tanto en las zonas rurales como en las urbanas, y el 48,7% se encuentra en el sector agrícola. El informe también señala que algo menos del 50% de quienes participan en el trabajo infantil lo hacen en el trabajo familiar y que más del 50% realizan trabajos peligrosos para su salud, educación y bienestar.

Los Objetivo del Desarrollo Sostenible (ODS 8) promueven el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todas las personas, para impulsar el progreso y mejorar los estándares de vida, cuyo objetivo específico es poner fin al trabajo infantil en todas sus formas para 2025.

La pandemia  por COVID-19 ha agravado aún más la situación. La cantidad de niños que trabajan se eleva actualmente a 160 millones en todo el mundo, tras un aumento de 8,4 millones en los últimos cuatro años, y varios millones de niños más se encuentran en situación de riesgo debido a los efectos de la COVID-19, según se desprende de los resultados de un nuevo informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF[3].

El trabajo infantil no solo implica explotación de un niño. Lo expone a violencia (física, verbal, sexual), le impide gozar de sus derechos esenciales (a una vida y trato digno, a la salud, a la educación, al juego) y constituye una vulneración de sus derechos humanos. Está expresamente prohibido y los Estados son responsables de diseñar acciones concretas para acabar con este flagelo y proteger a la infancia.

Es tarea pediátrica ser portavoces de los derechos de los niños, la detección temprana de cualquier situación de vulneración de derechos, el reporte a las autoridades competentes y la minimización inmediata de los riesgos y daños para el niño, en aplicación del concepto de salud integral, promovido desde hace años por la Organización Mundial de la Salud.

Renovamos nuestro compromiso en la protección de los derechos de la infancia y adolescencia, convocamos a renovar los esfuerzos de la sociedad civil y de los Estados en el combate a la explotación infantil, Instamos a todos los pediatras a indagar durante la consulta cómo transcurre el niño su día, a fin de detectar – entre otras- situaciones de trabajo infantil.

El verdadero logro será cuando la comunidad internacional deje de recordar estas efemérides.

Subcomisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia